Como tantos otros entes de esta Administración, el Comité de Patrimonio, adscrito al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, y cuyo objetivo es apoyarlo en la revisión de proyectos próximos a edificios o lugares de interés patrimonial, tampoco pudo. Algunos de sus miembros, todos ad honoren, nunca asisten, y los que regularmente lo hacen solo pueden examinar proyectos pequeños plagados de garrafales errores elementales que las Curadurías Urbanas y la misma Planeación deberían rechazar de entrada. Además no hay certeza sobre el resultado de sus conceptos, supuestamente acogidos, pues no existe una autoridad que haga respetar los proyectos finalmente aprobados, como cualquiera puede ver en San Antonio, en donde todo el mundo hace lo que se le da la gana y como se le da la gana.
Pero lo mas preocupante es que sea el mismísimo Municipio el que ignora al Comité, pues sus mega proyectos, como el de la Avenida Colombia, que está en medio de Monumentos Nacionales y bienes de interés patrimonial del Departamento y el Municipio, nunca son sometidos a su consideración, o son “aprobados” internamente obedeciendo a presiones de arriba, lo que por supuesto debería sumarse a sus muchos problemas legales. Pero aun mas desmoralizador, es que al parecer en Cali a muy pocos les importa lo que va a pasar con esos edificios y espacios urbanos durante el hundimiento de dicha avenida, cuya duración y chambonadas se pueden prever con lo que pasó con el Mio o la Circunvalación gracias a ese despropósito que consiste en que los contratistas terminen o modifiquen los diseños según les convenga.
¿Cuándo comprenderemos la importancia cultural, social, económica y urbana del patrimonio construido de la ciudad y que ahora también lo es medioambiental? para no hablar de la política, que aquí se ha reducido al llamado “CVY”. Es apremiante discutir seriamente la necesidad que tiene Cali de un organismo que vigile los impactos que sobre sus edificaciones y espacios de interés patrimonial y de disfrute público se producen impune y permanentemente, mas que en cualquier otra parte del país. Y en consecuencia hay que analizar la función del Comité de Patrimonio principiando por su estatus jurídico y sus alcances, pues aquí la Ley cada vez vale menos que los negocios y la moda, y desde ya evitar que irresponsablemente siga siendo una exigencia apenas para los de ruana, que por lo demás nunca se verifica.
Planeación debería ocuparse de planificar la ciudad y de comprobar que se cumplan sus normas, mientras un verdadero Consejo de Patrimonio, independiente y conformado por representantes permanentes de todas las entidades pertinentes, como lo es a nivel nacional, debería cumplir con la obligación de preservar el patrimonio urbano y arquitectónico heredado de nuestros ascendientes. La propiedad privada del suelo de nuestras ciudades, que su rápido crecimiento llevó a un burdo negocio inmobiliario especulativo, se ha convertido en una permanente amenaza para su conservación pues actualmente sus usos cambian constantemente, alturas y paramentos se modifican según la codicia de cada uno, su estética depende del gusto de cada cual, y las normas son vergonzosamente interpretadas y nadie ve que se cumplan.
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