Los alcaldes, gobernadores y
hasta presidentes han sido muchas veces los peores depredadores de nuestro
patrimonio urbano y arquitectónico. El Presidente Santos demolió dos de los mas
bellos claustros coloniales de Santa Fe de Bogotá para construir edificios
modernos para los ministerios y un alcalde destruyó en Cartagena todo un
costado de su magnífica muralla, única completa en América, para construir una
avenida. Por lo contrario, el General de Gaulle, por ejemplo, salvó a París de
la moda de los rascacielos inventándose La Défense.
En Cali la tumbazón oficial comenzó al menos
en 1925 con la demolición de la torre mudéjar de San Agustín para ampliar la
carrera cuarta (después siguió el claustro y por último la iglesia), y desde
entonces los alcaldes no han parado de tumbar casas “viejas” para ampliar
calles y avenidas. Un gobernador y un alcalde son los responsables de que se
demoliera sin necesidad real alguna el viejo Palacio de San Francisco y el
cuartel del Batallón Pichincha con motivo de los VII Juegos Panamericanos de
1971. Poco después otros alcaldes dejaron tumbar el Hotel Alférez Real y el
Club Colombia. Otro demolió el puente del ferrocarril sobre la carrera octava
en lugar de enderezar el transito invertido que había generado el Terminal de
Buses. Y otro mas cedió recientemente para una cárcel improvisada las bodegas
del ferrocarril que acababan de ser restauradas. ¿Cómo exigirle a los
particulares la conservación del patrimonio si los mismos gobernantes dan el
peor ejemplo?
Antes todos
creían ingenuamente en la modernidad y el progreso pero poco a poco se hizo
evidente que detrás de la tumbazón estaban agazapados con frecuencia mezquinos
intereses puramente comerciales. Hoy ningún funcionario aceptaría al menos de
boca para fuera la destrucción del patrimonio pero desafortunadamente quedan
muchos que en el fondo de su insensibilidad sin alma siguen creyendo que
borrando su pasado las ciudades progresan y se modernizan, o que cínicamente
venden su silencio o justifican su complicidad con una retórica ignorante.
Por eso se sabía que
la bella casa español californiano que el arquitecto francés Maurice Laurent
levantó en la década de 1940 para Gustavo Lloreda y Cecilia Cabal en Santa
Teresita, en donde funcionó por muchos años el Museo de Historia Natural,
estaba en peligro desde el momento mismo en que este fue trasladado a la calle
quinta. Allí otro alcalde y otro gobernador auspiciaron la demolición del
Colegio Alemán, que perfectamente se habría podido reaprovechar con ese fin. La
casa, propiedad del Departamento del Valle del Cauca, es uno de los mejores
ejemplos de la variante mas común en Cali de la arquitectura neocolonial
difundida a partir de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, pero no
se les ocurrió nada distinto que abandonarla y ahora quieren venderla a un
particular que tiene la intención de demolerla, junto con la casa vecina,
también español californiano y patrimonio de la ciudad, para hacer un
supermercado.
Seguramente las dos
tendrán el destino que aquí suelen tener la belleza, el patrimonio y las
tradiciones: desaparecer. Pero al menos sabremos quienes son los irresponsables
que disponen torpemente y a su antojo de nuestra memoria colectiva con nuestros
impuestos. Y cuando menos lo piensen llegará un día en que no los elegiremos
mas.
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