Como lo advirtió Gustavo Duncan (Es la derrota del Estado, El País, Cali
21/06/2014) los 12 funcionarios de la Dian asesinados y el exilio de su
director, son una amenaza directa a las funciones básicas del Estado, tan grave
como una eventual renuncia del Comandante de la Policía o del Fiscal General
debido a amenazas. Y como dice “si se
desafía a los funcionarios del Estado no hay menor chance de sobrevivir.” Es la
anarquía (desconcierto, incoherencia, barullo) que vivimos incluso para celebrar un partido
de futbol.
Así mismo, la suspensión de la cabalgata de la
Feria de Cali, por ejemplo, es la derrota de la Administración Municipal ante
su incapacidad para controlarla, por lo que es muy probable que de todas maneras
se trate de realizarla extramuros, a las patadas y sin permiso. Pero esa
incapacidad de control es peor aun en los usos del suelo y las construcciones.
Como se ha reiterado en esta columna, en las grandes ciudades del país la gente
hace lo que se le da la gana, desde grandes edificios hasta extensas invasiones
de cambuches.
Es abrumadora la falta de capacidad de control
de las Secretarias de Planeación Municipales, las que ni siquiera son capaces
de proteger debidamente los pomposamente llamados bienes de interés cultural,
BIC (que además son apenas del interés de algunos ciudadanos) pese a que son el
patrimonio de todos. Y desde luego una avalancha que acabe con alguna
parcelación, como sucedió en Medellín, o el desplome de una construcción, como sucedió
con una sección (que no “torre”) del edificio Space, no son por supuesto
improbables en otras partes.
Pero como lo denuncia Willy Drews “no se sabe cuál fue
la causa de la tragedia, como si hubiera una Mafia que, por razones extrañas,
quisiera ocultar la verdad”. No se sabe cuales fueron los resultados del
estudio de la Universidad de los Andes contratado por la alcaldía. Los gremios
de la construcción, arquitectos e ingenieros no han exigido claridad, ni se han
pronunciado. Los principales medios no informan regularmente acerca de la
investigación, y la Fiscalía dejó libres a los implicados, con excepción de
uno, por considerarlos “no peligrosos para la comunidad”
(http://www.torredebabel.info/omerta).
La solución a esta ausencia de poder público no es sencilla pero por lo menos es urgente que el Estado
recupere su capacidad de disuasión. Como dice Duncan, “antes de preocuparse por el bienestar de la
población (dizque “regalando” casas “gratis” por ejemplo) el Estado debe
garantizar que es capaz de protegerla, de proveer justicia y de obtener los
recursos suficientes para hacerlo.” Si alguna de estas funciones falla las
otras se verán afectadas y será muy difícil que la población mejore sus
condiciones de vida.
Pero para que Estado y ciudades recuperen su
control no basta la “paz” con unos pocos miles que aun están en la subversión,
sino que hay que desarmar a los cientos de miles que están en el narcotráfico,
incluyendo a muchos de aquellos. Como dice Duncan suplantan al Estado e impiden que intervenga
actividades económicas vinculadas al lavado de activos. Pero para acabar con la
corrupción y violencia que genera la prohibición de ciertas drogas, y además
poderlas controlar, hay que legalizarlas, como ha insistido Antonio Caballero
hace décadas y lo ha demostrado ahora José Mujica en Uruguay.
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