Este
karma nacional, otro asunto que también copiamos de Estados Unidos sin
considerar las diferencias, está acabando con las ciudades que aquí crecen muy
rápido: cada cuatro años tienen un alcalde que se cree presidente y que se saca
de la manga su propio concepto sobre ”su” ciudad si es que lo tiene, o si no se
limita a politiquear pagando las deudas y compromisos adquiridos que le
permitieron ganar en la compra venta que son las elecciones “libres” en este
país.
Por supuesto son los concejos municipales los que deberían establecer un
plan urbano para sus ciudades, el POT, el que desde luego no es apenas urbano
arquitectónico, y los alcaldes limitarse a hacerlo cumplir y no apenas
limitarse a proponer correcciones y actualizaciones. Se evitarían los excesos presidencialistas,
sobre todo los de esos alcaldes que no han madurado y lo que quieren es ser
presidentes de Colombia.
Un Plan de Ordenamiento Territorial
es en el ámbito del urbanismo, una herramienta técnica que
poseen los municipios para planificar y ordenar su territorio. Tiene como objetivo integrar la planificación física y socioeconómica,
así como el respeto al medio ambiente: estos documentos pueden incluir estudios sobre temas como la población,
las etnias, el nivel educativo, así como los lugares donde se presentan
fenómenos meteorológicos y tectónicos como lluvias, sequías y derrumbes.
Es un instrumento que debe formar parte de las políticas de estado, con el
fin de propiciar desarrollos sostenibles, contribuyendo a que los gobiernos
orienten la regulación y promoción de ubicación y desarrollo de los
asentamientos humanos, pues, claro, el problema es también el de los pueblos,
sobre todo los que están creciendo o están cerca de las grandes ciudades.
Por eso deberían tener un comité asesor de verdad conformado por académicos
conocedores del tema y representantes de los gremios pertinentes. Pero
infortunadamente los consejos están constituidos en su mayoría por políticos
que se comportan como si fueran ex presidentes pese a ni siquiera haberse
podido comportar como presidentes de una empresa dejando de lado que todas
cuentan con juntas directivas.
De ahí la urgencia de deliberar sobre estos temas, como lo propuso Gustavo
Moreno hace unos días en una conferencia en Uniandinos; lo llama “la revolución
de la conciencia”. Mas igualmente hay que preocuparse de votar por los
candidatos que tengan conocimientos y experiencia al respecto, como de votar en blanco y no
apenas por el menos malo.
El valor económico del patrimonio, planteado hace un año
en el IX Simposio Internacional Desafíos en el Manejo y Gestión de Ciudades, en
Camagüey (http://www.trabajadores.cu/20150129/discusion-manejo-de-ciudades-patrimoniales/) debería ser el primero. Su conservación, explotación, gestión turística, la
participación comunitaria, la autenticidad del mensaje cultural que proyectan
las ciudades, el paisaje urbano de esas zonas históricas, y por supuesto su
sostenibilidad es, entre otros aspectos, un tema que aquí escasamente se
menciona, pese a que esta siempre presente.
Incluso tratándose de problemas urgentes como lo son en Cali el jarrillón
del rio Cauca, el abastecimiento de agua y la movilidad en la ciudad y no
apenas el MIO, de los que habla acertadamente el Alcalde. Pero lo hace
miopemente pues no agrega los usos del suelo y su reglamentación y normas, ni
los problemas medio ambientales, como el cambio climático, ni, precisamente, el
patrimonio construido.
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