Uribe sabe que para reactivar la
construcción hay que devolverle capacidad adquisitiva a la economía. Cree que
la vivienda facilita que los pobres accedan a la propiedad. Propone 400.000,
cuyo costo no exceda de inflación más seis puntos. Aun cuando apenas son el 26%
de la demanda, piensa que son muchas porque en 2000 solo se construyeron
19.000. Las cajas de compensación, que manejarán los subsidios para la
población más pobre, deberán reducir sus costos de funcionamiento mediante
alianzas. Extenderá la exención tributaria a la clase media para aumentar los
recursos, ampliar los plazos y reducir los intereses. Canalizará las
participaciones de las regiones a través de los bancos para bajar los
intereses, y dará estímulos tributarios al crédito en materiales de
construcción y a la construcción de vivienda para arrendamiento con opción de
compra. Permitiría mas crédito a mas plazo y buscará que el subsidio favorezca
a los que hoy no cumplen con los requisitos existentes.
Serpa
promete 500.000. Para ello fortalecería los subsidios con el concurso de la
nación, los departamentos, los municipios y las cajas de compensación familiar.
Extendería su beneficio a los ciudadanos pobres, hoy excluidos, para dotarlos
de activos representados en viviendas que incluyan talleres o locales. Propone
una intervención mas decidida del Estado frente al problema de miles de
familias para cumplir con sus compromisos financieros de su vivienda. Actuaría
sobre la viabilidad de los instrumentos financieros establecidos para darle al
crédito hipotecario de vivienda más dinámica. Cree que la titularización de
créditos de vivienda tiene la enorme ventaja de poder reducir substancialmente
los costos para los deudores, pero asegurando una adecuada rentabilidad para
inversionistas e intermediarios. Se trataría por este medio de reducir
substancialmente las márgenes de intermediación. Cree que la informalidad de
los títulos de los poseedores de predios urbanos y rurales es un factor de
marginalidad social. Se compromete a triplicar el numero de títulos de
propiedad que se han entregado desde 1995.
Garzón
dice que mientras no se cambie la desregulación financiera actual es imposible
la solución del problema. Cree que su financiamiento debe tener un tratamiento
especial y no puede ser visto simplemente como un negocio financiero. Propone
un sistema especializado, con recursos subsidiados, que le permitiría a
cualquiera comprar su vivienda en condiciones adecuadas, lo que reactivaría la
construcción, principal fuente de empleo a corto plazo. Con solo refinanciar
una parte de la deuda pública piensa que contaría con recursos suficientes.
La
construcción sería uno de los pilares de un gobierno de Noemí. Y un nuevo
urbanismo y la vivienda sus ejes dinamizadores. Piensa en un millón, la mitad
de interés social, en cinco años, que representarían el mismo porcentaje
dedicado a la construcción en los periodos de boom económico. Para lograrlo
propone un nuevo esquema financiero, tributario y de intervención del espacio
público. Un crédito hipotecario eficiente para llegar a mas gente a menos costo,
orientado a mejores desarrollos urbanos y sistemas de propiedad colectiva que
representen una mejor calidad de vida. Propone, además, la intervención del
espacio público con el fin de abaratar la disponibilidad de lotes con servicios
y facilitar su uso eficiente.
Entre
todos hacen un buen programa (ver: M. C. Álvarez: Los candidatos frente a
la construcción ): Uribe es consciente
del impacto social de una vivienda digna; Serpa ve un hogar y no solo un techo
para sobrevivir; Garzón señala que es responsabilidad de cualquier gobierno y
un derecho social; e Ingrid Betancourt (que sigue secuestrada) constata que sin
ingresos no hay vivienda. Pero solo Noemí se preocupa algo por las ciudades;
ojalá esté en el gobierno de Uribe (si el tiempo se lo permite ) pues aquí
pocos parecen darse cuenta de que el problema no es el muy mal medido déficit
de viviendas sino la precariedad muy ignorada de las ciudades.
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