Bienvenida la Acción Popular que logró
la suspensión, aunque provisional, de las licencias de construcción en la
Comuna 22, al sur de Cali, que busca detener su crecimiento desordenado, el
derecho a vivir allí en un ambiente sano, su equilibrio ecológico, el buen manejo
de los recursos naturales, la protección del paisaje, y frenar el avance de la
urbanización sobre el río Pance, pues hay proyectos de mas de cinco pisos en su
zona de influencia. Todo producto del nuevo Plan de (des) Ordenamiento Territorial,
que cambió el sector de zona rural a zona urbana, y sin siquiera tener asegurados
los servicios de acueducto y alcantarillado, y las vías de acceso (El País
08/12/2017).
Lo procedente sería un Plan Especial
de Manejo y Protección, PEMP, para dicho sector ¿o es que no se lo puede
considerar un Bien de Interés Cultural de la ciudad, BIC,? ¿O es que no lo son
el río y el paisaje, incluyendo su biodiversidad? Y ni que decir del derecho de
sus habitantes, que debería ser constitucional si no lo es ya, a que no les
cambien radicalmente su entorno de un día para otro, y en contra de la opinión
de muchos de ellos. Ojala se logre, lo que sería un buen ejemplo para muchos
barrios de Cali, como San Antonio, si se consideran todos los inconvenientes
sociales y económicos que conlleva una ciudad que cambia radicalmente cada unas
pocas décadas.
Todo
producto de la inexistencia de un pertinente plan urbano de usos del suelo y
vial para el área metropolitana que hoy de hecho conforman Cali y los
municipios vecinos. Es decir, cero planeación, sólo capitalismo salvaje, lo que
explica entre otras cosas el comportamiento cada vez mas incivilizado de sus
habitantes, pues no se trata apenas de su tránsito caótico, en el que impera el
“primero yo” de muchos de los conductores de motos, taxis, y carros
particulares, en buena parte generado por el pésimo diseño de las vías, como de
su señalización y demarcación, que lleva a que no se acaten, y al irrespeto
permanente a los peatones y ciclistas, y que muchos de estos se comportan
indebidamente.
Para
rematar, el Concejo descartó el Plan Integral de Movilidad Urbana, PIMU, que
busca una “movilidad
sostenible, segura y accesible” en el marco de la Política Pública de Movilidad Sostenible, y fomentar un modelo
multimodal e intermodal, dizque por estar en contra del cobro por estacionar en
calles y parqueaderos públicos, decisión respaldada por los comerciantes (El
País 08/12/2017).
Pero si se paga por circular por las vías se debe igualmente pagar por
estacionar en ellas, en muchos casos entorpeciendo el paso de los otros o
impidiendo hacerlo a los vecinos de la calle respectiva, como en San Antonio, y
que lo que se busca es privilegiar el transporte público masivo como en todas
partes.
Por supuesto hay que lograr el
equilibrio entre la propiedad privada del suelo y la plusvalía que genera su
desarrollo, sobre todo cuando no es tal. Que los que quieren vender sus casa
para que otros la reemplacen por un edificio, les paguen a los que prefieren
continuar habitando en ellas, y que en todo caso solo lo puedan hacer con el
consenso de la gran mayoría de los vecinos de cada barrio. Todos en la cama o
todos en el suelo es el ejemplo que los de la Comuna 22 le están dando a los
caleños. Que el ramplón negocio de unos no puede afectar la calidad de vida de
otros, y de contera a la ciudad toda, en la que a todos les toca pagar por los
problemas generados por unos pocos.
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