Como lo define el DRAE, es el “conjunto de los bienes propios adquiridos […] o heredados de los ascendientes”, y constituye una “hacienda”, es decir “bienes y riquezas” y, más aun , la “abundancia” de ellos. Por eso es equivocado creer que conservar el patrimonio urbano arquitectónico impide el desarrollo de la ciudad, es decir ”ir hacia delante” y alcanzar su “perfeccionamiento”. Por lo contrario, es fundamental para la identidad de los ciudadanos con su ciudad, para una mejor calidad de vida, mas seguridad y mas cultura, es decir mas “modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico y científico”. Y mas beneficios económicos y un mayor empleo producido por el turismo pues en todas partes la gente viaja es a ver edificios y ciudades, con sus tradicionales calles, plazas, parques y avenidas, museos, restaurantes y comercios. Patrimonio al que se debe agregar mas patrimonio, por aquello de la “abundancia” y si es del caso renovarlo con imaginación pero no demolerlo, como quieren hacerlo al frente del CAM.
Igualmente sería un error garrafal el soterramiento de la Avenida Colombia, como dicen ahora equivocadamente. Afortunadamente no se trata de ponerla “debajo de tierra, esconderla o guardar de modo que no aparezca” sino apenas su transito automotor, que es otra cosa y está bien. Pero apenas quedaría el de los buses del MIO, que no seria suficiente para mantener la animación propia de una avenida, que es “una vía ancha “ cuya calzada “es para la circulación rodada”, considerando además que está al lado del río, en cuya rivera no hay ni habría mucho comercio. Desde su construcción a finales de la década de 1930 fue un paseo, es decir “un lugar público para pasearse” que, como dijo Hernando Guerrero, Presidente entonces del Concejo de Cali, en el Informe de Labores de 1921, “serviría de lugar de expansión y de solaz a todos los habitantes y, al propio tiempo, hermosearía a Cali, en grado tal, que no encontraría similar en ninguna de las ciudades del País”. Paseo que habría que recuperar y no hacer algo diferente como son las plazoletas sobre diseñadas propuestas, cuyo diseño no fue un concurso, como indica la ley, y que podrá ser modificado por los constructores como pasó con el MIO.
Y no solo se trata solo de los monumentos nacionales y los edificios de interés patrimonial que se verían afectados, si no del patrimonio arqueológico y los restos originales del Puente Ortiz, de 1845, que se podrían encontrar en la excavación, lo que demandaría un plan de salvamento previo. Por eso es inaudito, e ilegal, que el proyecto no tenga el aval del Consejo de Monumentos Nacionales, ni del Consejo de Patrimonio del Departamento, el que ha cursado varias cartas al respecto al Alcalde y, en vista de su silencio, al mismísimo Presidente. Aunque el actual puente, la Ermita, el Teatro Isaacs, el Edificio de Coltabaco, el Palacio Nacional y la Plaza de Caicedo (así está en el pedestal del prócer) no se intervendrían, desde luego cambiaría su entorno y se verían perjudicados por el deterioro que traería el grave problema de transito que por varios años implicaría la obra, y después por el exceso de plazoletas ocupadas por desempleados y vendedores como ya está todo el Centro.
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