Mientras los mas interesados (La Junta
de Acción Comunal, La Asociación de Vecinos, Planeación Municipal, el Comité de
patrimonio, el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, la Secretaría de
Turismo y algunos ciudadanos conscientes) se reúnen cada vez con más
frecuencia, buscando proteger los valores patrimoniales de San Antonio, su
situación sigue sin resolverse, corriendo el riesgo de que no sea pronto el
mejor vividero de Cali: fresco, agradable, tranquilo y bonito, y al lado del
centro histórico, al cual por supuesto debería pertenecer.
Pero se continúan demoliendo sus
casas, pese a estar prohibido allí, y en toda la ciudad, hacerlo sin permiso,
se cubren sus patios y se talan los árboles de sus solares, los carros continúan
subiéndose a los andenes y obstaculizando el acceso a los garajes e incluso al
de algunas casas, y por supuesto ocultando las fachadas que se intentan
proteger por su valor urbano arquitectónico y cultural, la gente sigue teniendo
que caminar por las calzadas pues no se puede por muchos de sus andenes, y las
motos y no pocos carros siguen circulando en contravía, y los robos de carros
han aumentado.
Están ya en curso en Cali las llamadas
UPU, Unidades de Planificación Urbana, en este caso la UPU 9, que se sumaria a
las muchas normas existentes, y el ser la Capilla de San Antonio un BIC, Bien
de Interés Cultural, y de Nivel Nacional, obliga por Ley la elaboración de un
PEMP, Plan Especial de Manejo y Protección, propio, junto con el Ministerio de
Cultura, y cuya área de influencia es la Colina de San Antonio, el Parque del
Acueducto y las manzanas aledañas, o sea medio barrio, que por lo demás no
seria excluyente mutuamente con las normas actuales ni con la UPU 9. Mas vale,
lo que sí habría que hacer sería agruparlas, precisarlas si es del caso y
suprimir las repeticiones
En conclusión, el problema de San
Antonio no es la falta de normas si no de control: ni la Policía , ni los
guardas de Tránsito, ni las diferentes Secretarías de la Administración Municipal
que tienen que ver con el tema, lo han asumido. Con lo fácil que sería: exigir
permisos, suspender obras, poner multas, y educar a muchos de sus propietarios,
habitantes y visitantes en el tema del valor del patrimonio inmueble, el que no
es apenas cultural, sino también social, económico y ambiental, y por lo tanto
político.
Como lo define el DLE, el patrimonio histórico es el “conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los
siglos, que, por su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de
protección especial por la legislación. Y aun cuando en el caso de San Antonio, con excepción de
la capilla, levantada en 1747, es de apenas poco más de un siglo, su valor para
toda la ciudad es grande pues es lo único de tradición colonial que le queda,
junto con la Torre Mudéjar, las iglesias vieja y nueva de San Francisco, el
conjunto de la Merced, iglesia, convento y algunas casas, y la peculiar traza
urbana del Centro.
Junto con la normativa
administrativa, hay que hacer referencia al régimen de protección penal del
patrimonio lo que por lo demás se regula en el nuevo Código de Policía. Y las
leyes vigentes, y al menos desde la LEY 163 del
30/12/59, LEY DE DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y
MONUMENTOS NACIONALES, castigan a
los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su
interés histórico, artístico, cultural o monumental. Pero en Cali parecería que
ya no son vigentes.
Comentarios
Publicar un comentario